El criterio general de que se parte es el presupuesto legal de que corresponde al actor la carga de probar que los hechos alegados son ciertos para obtener la modificación o extinción pretendida. Será el actor quien deba probar, por ejemplo, que el hijo mayor de edad es económicamente independiente o que en la actualidad está percibiendo menos ingresos y no puede hacer frente a la pensión alimenticia. No obstante, se hecho notoria la necesidad de atender los supuestos, frecuentes en la práctica, en los que ciertamente existe dificultad por parte de quien pretende modificar los efectos de una sentencia [...]