Se aborda la lucha contra las ocupaciones ilegales de viviendas en España. Los jueces de la Audiència de Girona han aprobado un desalojo exprés en las primeras 24 horas de la ocupación, sin necesidad de autorización judicial previa, con el objetivo de agilizar tanto el desalojo como el proceso judicial. La policía deberá levantar un acta de comprobación de los daños y enviarla al juzgado para iniciar el juicio de los ocupantes.

Además, los colegios de abogados de varias ciudades y Junts han impulsado una propuesta legislativa para permitir que la policía desaloje inmediatamente en casos de ocupación ilegal sin intervención judicial, si se considera un delito flagrante.

La propuesta judicial también establece que los ocupantes sean identificados en el momento del desalojo y que el juicio se celebre en un plazo de siete días. Si la identidad de los ocupantes es desconocida, la policía debe identificarlos antes de archivar el caso. También se aclara que el propietario de la vivienda no tiene obligación de mantener los suministros y que cortar estos no es un delito de coacción.

El Tribunal Supremo destaca que para que la ocupación sea considerada delictiva, debe existir la intención de permanencia y la falta de un título legal que legitime la ocupación.