La reciente jurisprudencia ha indicado que las costas de un procedimiento pueden imputarse incluso en aquellos casos en los que se tenga justicia gratuita. En el caso objeto del recurso de casación se condenó en costas a la actora al apreciarse temeridad y mala fe en su conducta por promover una demanda solicitando el aumento de la pensión alimenticia a sabiendas de que no existía ninguna modificación sustancial de las circunstancias con respecto a las concurrentes en el momento de la firma del Convenio Regulador.