El pin parental, tal y como lo plantea Vox, es una solicitud escrita que va a dirigida a los directores de los centros educativos en la que los padres piden que les informen previamente, a través de una autorización expresa, sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones sobre la identidad de género, el feminismo o la diversidad LGTBI, de tal forma que los progenitores puedan dar su consentimiento para que su hijo asista o no. Este partido considera que estos contenidos pueden ser «intrusivos» para la «conciencia» y la «intimidad» de los menores.

Desde el pasado mes de septiembre, está implantado en Murcia. En agosto, la Consejería de Educación, del PP, dictó una resolución con las instrucciones de comienzo de curso 2019/2020 en las que se establece que «se dará conocimiento a las familias» al comienzo de curso de «las actividades complementarias de las programaciones docentes que forman parte de la propuesta curricular» y son impartidas por personal ajeno al centro educativo «con objeto de que puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas actividades».

Esta iniciativa podría llevarse también a Andalucía, donde los populares se abren a estudiarlo a petición de Vox, que condiciona con ello su apoyo a los presupuestos regionales.

En Madrid, el «pin parental» ha abierto una fisura entre PP, Ciudadanos y VOX que amenaza los presupuestos autonómicos. Para empezar, el Ministerio de Educación va a llevar a los tribunales las instrucciones de Murcia, por considerarlas una especie de «censura previa» para las actividades de los colegios que «socava» el derecho de los alumnos a la educación y «censura la actuación de los centros docentes y su profesorado».

¿Es una medida legal?

El Ejecutivo envió un requerimiento a Murcia para que retirase la medida y anunció que recurriría «cualquier intento del PP, Ciudadanos o Vox de vulnerar el derecho de los menores a recibir educación integral».

Por su parte, la ministra de Educación reiteró que no se habla de actividades voluntaria, sino de actividades complementarias que configuran un currículo básico y que son de obligado cumplimiento.

Es decir, que las actividades que requieren un consentimiento de los padres son aquellas extraescolares, pero no las que están incluidas en el horario lectivo de los niños, han sido planificadas por los maestros, obligatorias y evaluables. De esta forma, los padres podrían oponerse a que sus hijos fueran a charlas con contenido moral fuera del horario escolar, pero no si se establece dentro del mismo.