Como todos podemos recordar, en 2013 el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, presentó un proyecto de Ley de Protección de la vida del Concebido. Un año más tarde, y después de que el presidente Mariano Rajoy le forzara a retirar su proyecto, Gallardón dimitió y el Gobierno presentó un proyecto que suponía un cambio menor en la ley del aborto.

 

Ayer, el Pleno del Senado aprobó, definitivamente y sin ninguna enmienda, esta reforma de la ley del aborto remitida por el Congreso de los Diputados con 145 votos a favor, 89 en contra y 5 abstenciones.

 

Después de más de tres horas y media de debate, la proposición de ley completó ayer su tramitación parlamentaria y queda lista para su publicación en el Boletín Oficial del Estado a finales de mes.

 

El principal cambio que introduce la reforma se refiere a la exigencia de que las jóvenes de 16 y 17 años que quieran abortar, aún si se encuentran en una situación de desamparo familiar (que vivan bajo amenazas, malos tratos o coacciones) deban presentar el consentimiento firmado de sus padres o tutores legales. En caso de disconformidad entre padres e hijos, se podrá acudir al juez para que resuelva el caso.

 

Existen muchas discrepancias en torno a esta reforma: mientras que los portavoces de la oposición mantienen que deja en difícil situación a las menores que vivan situaciones familiares complicadas, el Gobierno reitera que se ha llevado a cabo tratando de cumplir el programa electoral.

 

Por su parte, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo recuerda que si bien el 90{07cd4b480206447a46cb04899a98c397aad6d07d3dd4163f491471b7ba2033a8} de las menores de entre 16 y 18 años que abortan van acompañadas y el resto, unas 400 al año, podrían quedar desamparadas si necesitaran recabar el respaldo de sus padres.